Día 68: Dos policías que “no sabían lo que pasaba”

Hoy alegaron los defensores del comisario Jorge Ferreyra y el subcomisario Luis Echavarría. Ferreyra, junto al comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla y al subcomisario Claudio Premuda, conformaban la jefatura de la División Roca de la Policía Federal. Los tres quedaron implicados en la causa que siguió al crimen de Mariano, pero sólo Mansilla y Ferreyra llegaron a juicio. Premuda fue asesinado a principios de 2011, supuestamente en un tiroteo mientras resistía un intento de asalto.

El abogado de Ferreyra comenzó su alegato señalando que compartía “lo que dijo la doctora Ferrero, respecto a la conmoción política y social que significó el asesinato de Mariano Ferreyra. Como ciudadano, es un hecho que me avergüenza. La acusación dijo que este es un crimen político: lo comparto, en relación a que se trato un asesinato en una movilización, pero no acepto que este sea un juicio político, que no se observe la garantía penal”.

Este es un juicio legal, que debe fundar sus sentencias en la lógica”, prosiguió. Dicho esto, el abogado vulneró varias veces las leyes de la lógica y el sentido común más elemental.

Abogado de Ferreyra no hubo plan criminal

Señaló que “hay dos acusaciones diferentes, ya que el acusador público ha visto una cosa y el acusador privado, en cambio, ha visto otra cosa”. Para refutar a las querellas, el defensor dijo que el planteamiento del ´plan criminal´ era “oscuro” y que el alegato de la querella de Elsa Rodriguez y los otros compañeros heridos “responde a un buen discurso político, pero debe precisar cómo se llegó a ese acuerdo y cómo fue la participación de cada uno de los imputados en ese plan”, algo que fue desarrollado debidamente en el alegato de la querella, pero que evidentemente el defensor prefirió sortear.

Luego de un raid de ´explicaciones´ sobre la conducta de su cliente –que hizo extensiva a los demás policías- y recorrer las excusas habituales, el abogado alegó que “mis defendidos ignoraban los intereses laborales y económicos que estaban detrás de este conflicto, estaban al margen”.

Los policías “no sabían nada del conflicto”

Confusamente, trató de refutar la denuncia de la querella de que tanto Ferreyra como Mansilla eran ´denunciadores seriales´ contra los tercerizados. De hecho, fue en base a sus ´denuncias´ que se inició la causa contra Hospital, Merino y otros compañeros de Mariano por el corte de vías de diciembre de 2010, motivado por el incumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo de todos los compromisos asumidos con los tercerizados.

Hospital y Merino -finalmente sobreseídos- fueron testigos en este juicio. Como se ve, por este y otros antecedentes, los jefes de la División Roca no eran ´tan´ ajenos al ´conflicto´, que de hecho conocían palmariamente.

“Con palos y gomeras no había indefensión”

A la hora de refutar la acusación por ´abandono de persona´ que hizo la fiscalía, el defensor recurrió a un argumento bastante sorprendente: los manifestantes eran  “hombres jóvenes”, equipados con “palos y gomeras”, y por lo tanto –según el abogado- no se encontraban en “estado de indefensión”.

Extraño modo de justificar la pasividad policial. En rigor de verdad, lo que hubo al momento del ataque final fue una ´zona liberada´.

El defensor cerró su alegato con las siguientes palabras:

“Este juicio ha sido teñido por lo político. A la fiscalía, le resultó más cómodo plegar velas hacia donde corre el viento. La doctora Verdú ha pedido una ´sentencia aleccionadora´. Dejemos la política, no la traigamos a los tribunales de justicia”.

El fraude de la “despolitización” del juicio

La ´despolitización´ que reclama el defensor es un fraude. Pretende abstraer el crimen de Mariano de la red de intereses que tejieron burócratas y empresarios al amparo del Estado y de sus funcionarios, de la tercerización laboral, de la podredumbre del aparato policial.

El crimen de Mariano no fue el resultado de “un tarado que salió de su casa con un arma”, como lo presentó presurosamente Aníbal Fernández apenas ocurrido: fue el resultado de una acción planificada para quebrar, por medio de la violencia y de las balas, la movilización de los obreros ferroviarios más explotados y defender los negocios comunes que asocian a burócratas y empresarios en connivencia con los funcionarios públicos.

Echavarría: pide “despolitizar” y dijo que recibió “órdenes políticas”

El alegato de Hilario Lagos, abogado defensor del subcomisario Echavarría, fue sorprendentemente breve. Comenzó y finalizó su intervención quejándose de ´la política´, pero justamente evitó referirse a lo único importante que podía desarrollar, que fueron los dichos de su cliente acerca de las ´órdenes políticas´ que recibe la policía ante cada manifestación pública, y que Echavarría además ilustró con varios ejemplos. Lagos se mostró exasperado y algo apesadumbrado.

Brindó algunas excusas pueriles para justificar el ´desconocimiento´ que existía en la Dirección General de Operaciones sobre lo que realmente estaba ocurriendo en Barracas y esgrimió algunas refutaciones jurídicas al cargo por ´abandono de persona´ que formularon los fiscales.

También se quejó del supuesto ´direccionamiento´ de la instrucción y sostuvo que “hubo un plan criminal del Partido Obrero. Sus beneficios son francos daños y perjuicios y la repercusión en la prensa”.

Sus últimas palabras fueron: “he llegado a esta etapa de la defensa, que cuando entra la política, la justicia huye despavorida”, que todas las circunstancias se amoldaron “al solo efecto de culpar a la policía culpable” y se manifestó agraviado por los dichos de la abogada, María del Carmen Verdú, por haber calificado a los policías como “procesados privilegiados”, por el hecho de haber llegado libres al juicio.

El juicio se aproxima a un desenlace. Faltan alegar los abogados de cuatro policías más y el martes 26 de marzo está previsto que comience la rueda de réplicas y dúplicas. Pocos días más tarde, probablemente durante la primera quincena de abril, el tribunal anuncie su veredicto.

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