Día 64: Alegatos de los “inocentes” Díaz y Pipitó

Hoy alegaron los defensores de Pablo Díaz y Francisco Pipitó, los abogados Mario Fenzel y Claudio Armando, respectivamente. Al igual que los defensores que los precedieron, ambos negaron la existencia de un plan criminal, aseguraron que se trató de una riña y realizaron una defensa integral de toda la patota.

Díaz: el ´jefe´ en el lugar de los hechos  
Pablo Díaz era, hasta el momento de su detención, el jefe de la ´comisión de reclamos´ de la línea Roca. El nombre con el que se denominaba (y denomina) al cuerpo de delegados del Roca es más bien un eufemismo, pues si algo no tiene cabida allí, son justamente los reclamos de los obreros ferroviarios.
Allí concurrieron muchas veces los obreros tercerizados para reclamar por su propia situación, con la esperanza de que el sindicato tomara alguna iniciativa. Se encontraron, en cambio, no solo con respuestas negativas, sino también con verdugueos y amenazas.
Agotada esa instancia, los tercerizados emprendieron una movilización independiente, por fuera de las estructuras formales del sindicato. El 20 de octubre de 2010, Pablo Díaz –como corresponde dentro de la rígida estructura jerárquica de la Unión Ferroviaria- fue el jefe ´operativo´ de la patota en el lugar de los hechos, en permanente contacto con ´El Gallego´ Fernández, quien se encontraba junto a Pedraza en la sede de la UF.
Díaz fue también el principal reclutador de la patota y del grupo de choque armado. Meses antes del crimen de Mariano, Cristian Favale ya giraba en torno a la órbita de Díaz. Los había presentado un ex boxeador y guardabarrera que conocía a Favale de los bajos fondos de Florencio Varela.
Justamente por su fama de matón, pensó que el barrabrava de Defensa y Justicia podía serle de utilidad a Díaz; éste lo adoptó enseguida como su guardaespaldas. Muchísimos testigos vieron juntos a Díaz y Favale en Constitución, el 6 de septiembre, durante otro ´apriete´ de la patota contra los tercerizados, y en el acto de River, pocos días antes del crimen de Mariano, donde fueron oradores Moyano y Cristina.
Para justificarlo, los defensores de Díaz aseguraron que Favale era un ´cholulo´, que “le gusta sacarse fotos con la gente, como hizo con el vicepresidente Amado Boudou y Sandra Russo”. El defensor de Díaz desestimó la prueba parafraseando a la panelista de 6,7,8: “una imagen –dijo- no es nada”.
Los defensores de Pablo Díaz se quejaron de que la movilización popular que desató el crimen de Mariano “multiplicara como los panes, los pedidos de prisión perpetua”. Para la defensa de Díaz, la movilización popular (“acompañada de una militancia constante”) y el “activismo periodístico” (“de los medios hegemónicos y de los no hegemónicos”, aclararon)  “hicieron que esta hipótesis del complot de la burocracia sindical fue receptada sin ninguna oposición” y señalaron que, al pedir la condena a prisión perpetua para Pedraza, “la fiscalía ha claudicado a esta presión y se viola el derecho de defensa”.
Y agregó: “creo que los medios no podrán llegar a entender un recurso de Casación (se refiere a una apelación en caso de condena), sería considerado una cuestión diabólica”.
Esto es una verdadera confesión de bancarrota. La movilización de 100 mil personas ocurrida el 21 de octubre de 2010, y la incesante movilización popular de los últimos dos años y medio, no fueron digitadas por nadie. Responden a la certeza popular de la injusticia que representa la tercerización laboral y a una comprensión sobre lo que son capaces de hacer las mafias sindicales, la policía y los empresarios, con la complicidad de los funcionarios de turno.
Todos estos elementos están presentes detrás del crimen de Mariano. La investigación posterior reunió pruebas contundentes contra los imputados, entre los cuales, los grandes ausentes en este juicio son los empresarios y funcionarios que apañaron sus negociados.
Los defensores también acusaron –sin dar mayores explicaciones- que la “omisión del Estado” fue “la causa principal de la muerte de Mariano Ferreyra. Una decisión política firme seguramente hubiese evitado este trágico saldo”, dijeron.
No quedó claro si se refería a la policía, a la atención de los reclamos o al desmantelamiento de la trenza formada en torno a la administración de los ferrocarriles, pero según ellos, estaríamos ante una ´estrategia funcional´ para “diluir la responsabilidad de las altas autoridades”.
En sus argumentos, los defensores citaron al ‘garantismo’ y a la ‘progresía bienpensante que repudia la condena a prisión perpetua’ para buscar la protección e impunidad para la patota. Una infamia.
A la hora de referirse a las pruebas, los defensores de Díaz derraparon. Intentaron refutar a la media docena de testigos que lo acusaron en forma directa y pasar por alto las decenas de testimonios (incluso, la mayoría de los ´testigos´ de la patota) que lo señalaron como la persona ´al mando´ de los patoteros – algo subrayado por sus funciones en el aparato sindical.
También pretendieron desestimar los más de 15 llamados que mantuvo con Fernández mientras se desarrollaba la agresión, y hasta fantasearon con que Díaz se habría retirado “antes” del ataque. Para desgracia de los defensores, su cliente -varios minutos después del crimen de Mariano- brindaba una entrevista televisiva -que consta en la causa- en la que declaró que “lo que no hacen los policías ni los jueces, lo vinimos a hacer nosotros”.
A la hora de referirse a los hechos, los defensores de Díaz se remitieron a la delirante versión de la ´riña´ que desarrolló el abogado Freeland, incluida la exculpación de Cristian Favale.
El abogado Fenzel, en sus últimas palabras, reclamó “un fallo justo, despojado de presiones”, solicitó la absolución de su cliente y, en forma subsidiaria –por las dudas- que se le conceda ´el beneficio de la duda´.
´Defensor oficial´
Claudio Armando es un defensor oficial, provisto por el Estado, para representar a Francisco Pipitó. Su pupilo está acusado de haber participado en el ataque criminal reduciendo a los periodistas de C5N, para que no tomaran con sus cámaras registro de la agresión. Armando, sin embargo, ´se puso la camiseta´ de la patota. Su alegato fue indignante, y debería ameritar su apartamiento de la carrera judicial.
Lejos de limitarse a los hechos que se le reprochan a su defendido, Armando se solidarizó de lleno con todos los acusados. Para ello, incurrió en un nivel de manipulación y tergiversación de las pruebas que nada tienen que envidiarle a Freeland, el defensor del ´Gallego´ Fernández.
Por caso, aseguró que la posta de plomo que hirió a Nelson Aguirre “provino de una tumbera” en poder de los manifestantes, y acusó a Omar Merino (Causa Ferroviaria) de haber mentido cuando  declaró haber visto un cartucho de escopeta en el escenario de los hechos, luego de la agresión.  Según Armando, “Merino declaró esto luego de que a Aguirre se le extrajera la posta, dos años después del hecho”.
El defensor sencillamente omitió adrede el testimonio de ´Cacho´ Andino (MTR), quien desde el primer momento declaró ante la justicia haber visto un tirador provisto de una escopeta, y lo ratificó en el juicio oral. Aún más: ¡Andino no sólo lo declaró a los medios, hasta fue tapa de una revista!
Por lo dicho, la pericia sobre el cuerpo de Nelson completó la declaración de Andino y es falso lo que Armando dijo sobre Merino.
Armando también tergiversó de manera escandalosa las pericias, para forzar que “no hubo dolo” (intencionalidad) de los tiradores de producir muerte. Para esto, mintió sobre el ángulo de la boca de fuego de los tiradores y sobre el lugar donde cayó herida Elsa Rodríguez (dijo que estaba a 200 metros de donde se produjo el ataque, y lo cierto es que fue apenas la mitad).
Al referirse puntualmente a la conducta de Pipitó, negó lo que todos vimos en imágenes y atacó al equipo periodístico de C5N. Sobre el asistente de cámara, Polito, dijo que “tenía problemas emocionales evidentes”, y que la periodista Gabriela Carchak “buscó con esto, sus quince minutos de fama”.
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