Día 63: El defensor de Fernandez justifica el homicidio

Hoy alegaron los defensores de Juan Carlos Fernández y Gabriel Sánchez. El primero, Alejandro Freeland, se explayó durante unas seis horas para dejar establecido el ´relato oficial´ de la patota, sobre los hechos ocurridos en Barracas.

Al segundo, Gustavo D´Elía, le alcanzó con apenas una hora.  Fernández está acusado como instigador de homicidio calificado y Sánchez, como autor material. Ambos enfrentan pedidos de prisión perpetua.
En sus alegatos, Freeland y D´Elía negaron la existencia de un ´plan criminal´, calificaron la agresión de la patota como “una riña mutuamente consentida” y pidieron la absolución de sus clientes. “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”, se preguntaron ambos defensores en sus respectivos alegatos. “No lo sabemos”, se contestaron a sí mismos.
La palanca de la impunidad
Freeland calificó la acusación contra Fernández y el resto de la patota como “un relato desmesurado, infundado y ficcional”. Sobre los 14 pedidos de prisión perpetua formulados por el Cels, dijo que “ni en los juicios de Nüremberg ni en la ´causa 13´ se llegó a tanto”, en referencia a los procesos judiciales que se les siguieron a los jerarcas del nazismo y a la Junta Militar argentina de 1976-1983.
Desde un principio, Freeland renunció a todo intento de contestar a las contundentes denuncias de nuestro alegato. Dijo que se trató de un “relato político, interesante aunque no sorprendente”, pero que “el relato hay que sostenerlo en datos objetivos de la realidad”. Mal que le pese, esas denuncias se apoyan en la voluminosa prueba reunida en la causa. Dicho esto, Freeland dedicó la mayor parte de su tiempo a tergiversar pruebas y –pecado de vanidad- a divagar sobre cuestiones jurídicas a partir de premisas falsas.
Para Freeland, el asesinato de Mariano y las heridas con armas de fuego que sufrieron Elsa y los demás compañeros, estuvieron justificados: la patota fue la víctima y ´alguien´ que llevó a Barracas un arma,  la utilizó para “defenderse” de los manifestantes, “disparando al suelo y al aire”.
Durante tres o cuatro largas horas, Freeland desgranó una narración aberrante. No tuvo empacho en tergiversar pruebas y testimonios, y en retorcer hechos probados, completando baches y lagunas de su relato con mentiras.
Describió a los manifestantes como un grupo “agresivo”, formado por hombres y “mujeres más violentas que los hombres”, que concurrieron a las vías “armados” y “decididos a confrontar”. En un extremo nauseabundo, destacó que “Mariano Ferreyra recibe el disparo cuando avanza para correr”.
Freeland se apoyó en los testimonios de tres o cuatro patoteros, entre los casi 300 testigos que pasaron por el juicio. Cuanto más delirantes habían sido sus dichos, más excitado se mostraba el defensor.
A esta altura, solamente un energúmeno a sueldo puede sostener una infamia de este calibre sin inmutarse. En el desarrollo del juicio, el contraste entre los testimonios genuinos, llenos de dolor y dignidad, de manifestantes y testigos circunstanciales de la agresión, y las mentiras calcadas que murmuraron en el estrado los elementos que la patota trajo para declarar a favor suyo –todos ellos, gente que le debe su ingreso al ferrocarril u otros favores a la burocracia-, resultó abismal.
Las filmaciones, las fotografías, las pericias y la inspección ocular simplemente ratifican los dichos de las víctimas: no se trató de un ´enfrentamiento´ ni de una ´riña´ sino de un ataque deliberado y por la espalda contra una columna de hombres, mujeres y chicos que se retiraban del lugar, cargando varios heridos, luego de haber sido apedreados y reprimidos por la infantería policial y de ver frustrada la realización de la medida que se proponían hacer para reclamar por la reincorporación de los tercerizados despedidos y el pase a planta permanente.
El encubrimiento de Freeland alcanza también a Cristian Favale, ratificando que la defensa de la patota no le suelta la mano al barrabrava. Sin dudas, es la condición para mantener un pacto de silencio.
Freeland intentó negar la existencia de un ´plan criminal para aleccionar a los tercerizados`, que fue la acusación que la Cámara de Apelaciones y la justicia de instrucción recogieron de nuestras presentaciones. Consciente de los puntos débiles del alegato de la fiscalía, Freeland desafió al tribunal. “La Unión Ferroviaria avisó al gobierno, a la empresa y a la policía. ¿Avisaron que iban a matar? ¿Son todos cómplices? ¿No es más razonable pensar que no había ningún plan?”.
Por su parte, el defensor de Sánchez también señaló que “la tesis del ´plan criminal´ se desmorona, como revela la pérdida de interés del ministerio público en mantener la acusación contra Uño y Pérez”. Los defensores se valen de las presiones oficiales dirigidas a encubrir a funcionarios y empresarios como palanca para lograr la impunidad de Pedraza y los suyos.
A la hora de referirse a la tercerización, se limitó a explayarse sobre los supuestos ´beneficios´ de la ´cooperativa´ Unión del Mercosur, que Pedraza explotaba en forma directa. Destacó que sus lineamientos y balances habían sido aprobados sistemáticamente por el Estado.
Al margen de que la ´cooperativa´ efectivamente enriquecía a Pedraza, en nuestro alegato señalamos que la incursión homicida de la patota no tuvo lugar exclusivamente en defensa de un negocio personal de Pedraza, sino de un negociado mucho más amplio, que involucra directamente a los empresarios de Ugofe y a los funcionarios de la Secretaría de Transporte.
Roggio, Romero y Cirigliano subcontrataban empresas de su propiedad con fondos públicos que eran aprobados por la cartera de Transporte. Los más de 1500 obreros tercerizados estaban repartidos en una constelación de más de 20 empresas ´contratistas´ que recibían millones de pesos del Estado.
En cuanto a las motivaciones políticas del ataque, Freeland dijo que “la premisa de que los tercerizados votarían por la oposición se reveló falsa a la luz de los últimos resultados electorales de la UF”. Lo único falso aquí es la premisa Freeland. Las ´escuchas´ revelaron que, en las cabezas de Pedraza y Fernández, predominaba la idea de que el pase a planta de los tercerizados daría lugar a la incorporación de “150 cuadros del Partido Obrero” (Pedraza) y su temor radicaba en que “armen un sindicato paralelo como en el subte, y aunque no les den la personería, te juntan 500 tipos y hacen quilombo” (Fernández). Es por esto que el ministro  Tomada consuela a su ´querido´ Pedraza diciéndole que “los tercerizados no son todos del PTS o del PO” y le recomienda “trabajarlos políticamente”.
A la hora de justificar los llamados cruzados entre Fernández y Pablo Díaz –quien dirigía a la patota en el terreno de los hechos-, Freeland inventó contenidos del tipo “hablaban de fútbol, porque uno es de Independiente y el otro de Racing”, que resultan un agravio a la inteligencia humana.
Sus últimas palabras fueron: “no me dio gusto participar en este juicio. Ni gusto ni orgullo, porque está contaminado por pasiones que nada tienen que ver con el derecho. Lo que valoro es haber conocido a Fernández, un hombre sencillo y trabajador”.
“Una lluvia de pruebas”
Gustavo D´Elía, el defensor de Sánchez, tuvo una intervención acotada. En cuanto a los hechos, dijo que se remitía “a la brillante exposición del profesor Freeland”. La situación de Sánchez es muy comprometida: al menos tres testigos, de orígenes distintos y que presenciaron el ataque desde posiciones también diferentes, coincidieron en señalarlo como uno de los tiradores.
A D´Elía se lo vio disperso y  los nervios le jugaron varias malas pasadas. Por ejemplo, dijo que la patota recibió una “lluvia de pruebas”, en vez de piedras, y calificó al testigo protegido Claudio Díaz como “un arrepentido”, sin explicar, en todo caso, de qué cosa se arrepintió.
El defensor se metió en camisa de once varas a la hora de cuestionar al testigo Esteche (el de ´los buenos y los malos´) cuando señaló supuestas ´contradicciones´ entre lo que éste declaró en la comisaria 30 el mismo día de los hechos y lo que declaró en la fiscalía poco tiempo después. Las declaraciones en la comisaría 30 no tienen validez probatoria por una razón elemental: uno de sus jefes, el subcomisario Rolando Garay, ¡está imputado en esta causa!
D´Elía se refirió a Favale, que en su indagatoria le atribuyó el homicidio de Mariano al ´Payaso´ Sánchez, con la obvia intencionalidad de distraer la investigación sobre otro involucrado. Ambos fueron careados durante la instrucción.  D´Elía se limitó a citar los argumentos defensivos de Sánchez, con cuidado de no agravar la situación del matón de Florencio Varela. Por último, el abogado pidió la absolución de su defendido en virtud… del beneficio de la duda.
A esta altura, es casi como tirar la toalla.
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