Día 62: Termina la fiscalía (mal) y alegan por Pedraza

En la audiencia de hoy, la fiscalía concluyó su alegato y luego comenzó la ronda de los defensores. La fiscal acusó a los policías por ´abandono de persona´ (una pena menor a la de las querellas) y formalizó los pedidos de prisión perpetua para Pedraza, Fernández, Díaz, Sánchez y Favale.
Para el resto de los patoteros, solicitó penas menores a diez años de prisión. Sánchez y Uño, los dos patoteros que fueron excarcelados en la audiencia anterior luego de que la fiscal pidiera su absolución, paseaban y charlaban por los tribunales de Retiro. La fiscal tampoco formuló cargos contra el camarógrafo policial, David Villalba.
Por la tarde, alegó Carlos Froment, el abogado de Pedraza. Sostuvo que “no hay pruebas” contra su defendido, pidió la nulidad de nuestro alegato, atacó a la instrucción y, en una réplica perversa a la acusación que pesa contra Pedraza, dijo que está basada en “móviles políticos y económicos”. Pidió la absolución de su cliente.
Fiscales y policías
La fiscal completó su alegato refiriéndose a la conducta de los policías y formalizando los pedidos de pena hacia los acusados.
La acusación contra los policías que formuló la fiscalía resulta incoherente con la descripción que hicieron de los hechos. De ese relato, surge con claridad la intensa colaboración policial con los agresores, pero los fiscales acusaron a los policías por ´abandono de persona´, es decir, de haber mantenido una conducta irresponsable o negligente, por fuera del plan criminal que derivó en el asesinato de Mariano y en las heridas de Elsa y los demás.
Esa acusación deja fuera de toda responsabilidad a los funcionarios que impartieron las ´órdenes políticas´ a la policía, a las que hizo referencia en su indagatoria el subcomisario Echavarría.
En la primera parte de su alegato, cuando se refirieron a Pedraza y la patota en la audiencia pasada, los fiscales omitieron toda referencia a la administración tripartita del ferrocarril que llevaban a cabo la burocracia, los empresarios de Ugofe y los funcionarios de la Secretaría de Transporte.
Ahora, con respecto a la policía, retacearon su papel en la agresión, a pesar de haber destacado que los acusados son “funcionarios policiales experimentados” y de dar por probado que su actuación “generó un escenario propicio para que se produjera la emboscada”, ya que “abandonaron a su suerte a un grupo de personas indefensas frente a un ataque con palos, piedras y botellas”, y que “luego de ver a los ferroviarios atacar, volvieron caminando alegremente con ellos hacia Avellaneda”.
Entre otras cosas, la fiscalía dio por probado que los jefes policiales contaban con informes de inteligencia que anticipaban la presencia de la patota ferroviaria en Avellaneda, y con efectivos más que suficientes para hacer frente a la situación (“en un evento deportivo de alto riesgo, como un partido Boca-River, hay un agente cada 70 personas; aquí, había 90 efectivos para 300 o 350 manifestantes, que permanecieron estacionados a cinco minutos de donde se produjo la emboscada”, dijeron).
Señalaron que luego de la primera agresión de la patota de Pedraza, en el único intento de los manifestantes por alcanzar las vías, no se produjeron modulaciones ni partieron órdenes de la Dirección General de Operaciones, que “estaba al tanto de todo lo que ocurría por las imágenes satelitales que recibía en directo”. Dieron por acreditado que “luego de esa primera incidencia, no informaron a la fiscalía, como sí lo hicieron por un episodio de tenor mucho menor”, ocurrido simultáneamente en otro punto de la ciudad.
Entre esa primera agresión y el ataque final, transcurrió más de una hora. En ese lapso, la única actitud que adoptaron los jefes del operativo fue trasladar a un grupo de combate (y a otras unidades, afectadas a otros operativos) a Constitución, ante la posibilidad de que los manifestantes se dirigieran hacia allí. Tampoco se dispuso la movilización de la fuerza ante la llegada de Cristian Favale al frente de su grupo de 30 patoteros, hecho que quedó registrado en las modulaciones.
“Las decisiones operativas, en el lugar de los hechos, eran tomadas por Mansilla y Ferreyra, quienes tenían conocimiento previo del conflicto entre la Verde y tercerizados. Es más: los informes que daban cuenta de ese conflicto, se basaban en información suministrada por ellos, que estuvieron el 6 de septiembre en Constitución”, en referencia a un episodio anterior de la patota contra los tercerizados.
“¿Mansilla y Ferreyra no pudieron advertir el peligro? ¿Qué entendieron cuando desde abajo del puente, Pablo Díaz ordenaba ‘bajen cagones’? Mansilla y Ferreyra tuvieron tiempo, oportunidad y medios para interponer una fuerza disuasiva y no lo hicieron…”.
Respecto al subcomisario Garay, los fiscales destacaron que “es un hombre de experiencia, acostumbrado a manifestaciones mucho mayores en el Puente Pueyrredon, y vio cuando los ferroviarios bajaban del puente. Garay sabía perfectamente que podía separar a ambos grupos con los móviles y no lo hizo. Luego, cuando los manifestantes corrían a los agresores, Garay sí se interpuso, sí tuvo un papel más activo… En el momento crucial, Conti ordena a Garay pasar ‘via POC’, cuando todo tenía que quedar registrado y no estaba saturada la frecuencia”.
Luego de esta descripción, la acusación de los fiscales sonó ridícula en la sala.
A pesar de no haber hallado “atenuantes ni razones de inculpabilidad”, los pedidos de pena para los policías, no alcanzaron ni siquiera la máxima prevista para el tipo de delito que se les imputó. Los fiscales pidieron 10 años de prisión para Hugo Lompizano y Luis Mansilla, 9 años para Jorge Ferreyra, 8 años para Luis Echavarría y 7 años para Rolando Garay y Gastón Conti. Los fiscales no fundamentaron esta graduación de penas. Por último, como dijimos antes, pidieron la absolución de Villalba.
Con respecto a la patota, las penas solicitadas por los fiscales fueron: prisión perpetua para José Pedraza, Juan Carlos Fernández, Pablo Díaz, Gabriel Sánchez y Cristian Favale; 10 años para Gustavo Alcorcel; 9 años para Daniél González y Francisco Pipitó; la absolución de Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez.
El equipo de fiscales fue intervenido por la procuradora Gils Carbó, pocas semanas después de iniciado el juicio oral, cuando designó dos nuevos fiscales para ´robustecer´ la representación del ministerio público.
A la luz del alegato de la fiscalía, queda clara cuál fue el objetivo que persiguió el gobierno con esas nuevas incorporaciones: limitar las derivaciones políticas de la causa, dejar fuera de cualquier investigación a empresarios y funcionarios públicos (no pidieron ninguna medida sobre ellos) y así preservar el régimen de administración de los ferrocarriles formado por el kirchnerismo en el curso de la última década. El resultado es que el alegato de la fiscalía debilita la acusación contra Pedraza, algo que no puede quedar disimulado por el pedido de perpetua.
El alegato de Pedraza
Carlos Froment, el defensor de José Pedraza, comenzó su alegato negando que se haya “aportado prueba contundente para acreditar la responsabilidad penal de Pedraza”. Esto, porque “no estuvo en el lugar del hecho”, no “tuvo contacto con Pablo Díaz ni lo conocía a
Cristian Favale” y sostuvo que sus comunicaciones con Fernández “eran algo normal”.
Las expectativas de la defensa de Pedraza se centraron en acogerse a los beneficios del ´garantismo´, a que su aplicación doctrinaria haga abstracción del cuadro político y social que rodea el crimen de Mariano y del papel preponderante de Pedraza en el sindicato y en la gestión del sistema ferroviario. Si ello ocurriera, si se cumplieran las expectativas de los defensores, quedaría consagrada definitivamente la impunidad de todos los responsables políticos de los crímenes contra el pueblo.
Froment aumentó la apuesta a los fiscales al preguntar en forma retórica “tanto la Policía Federal, las autoridades de Ugofe y el Estado sabían de la movilización de los tercerizados, (los ferroviarios) ¿vamos a armar un plan criminal informándoles del plan criminal?”. Sin inmutarse, Froment pidió asimismo la nulidad de nuestro alegato, justamente porque denuncia la existencia de una “connivencia entre gobierno, empresarios y sindicato de UF en la ejecución de un plan criminal”, lo que el defensor presentó como ´un hecho nuevo´ por el cual Pedraza “no fue indagado”.
Esto es obviamente falso, porque la acusación por la instigación de un ´plan criminal´ determinado a ´aleccionar a los tercerizados´ fue recogido por la Cámara de Apelaciones de nuestra presentación, y desde el inicio de la causa exigimos que se investigara la participación o complicidad de empresarios y funcionarios con ese plan criminal. El objetivo del defensor de Pedraza fue evitar, de este modo, responder a las contundentes denuncias que formulamos en nuestro alegato.
En un desborde de cinismo, el defensor de Pedraza atribuyó a la causa un “pseudo armado” motivado por móviles económicos (“Pedraza y la UF son los únicos que podrían responder económicamente a una demanda civil”) y políticos (“Pedraza es un viejo dirigente sindical y esta situación les vino como anillo al dedo a los opositores para sacarlo del sindicato”).
Froment afirmó que la ´causa de las coimas´ constituye un hecho posterior al crimen de Mariano y dijo –sin rubor- en referencia a esa
causa, que “estamos ante un proceso sin juicio aún, pero no podemos olvidarnos que puede Pedraza ser víctima de un delito de estafa”.  También negó que la ´cooperativa´ Unión del Mercosur redituara beneficios a Pedraza y reivindicó su ´espíritu cooperativo´ en base a las declaraciones de un alcahuete confeso de la lista Verde.
Froment acusó a todos los testigos que declararon contra Pedraza de “animosidad” contra su cliente, pidió la nulidad de buena parte de las ´escuchas judiciales´ y negó que la Unión Ferroviaria fuera una organización “vertical”.
No era esperable algo muy distinto de esto en boca de la defensa de Pedraza.
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