Día 61: El alegato de la Fiscalía y la impunidad

Comenzó el alegato de la fiscalía, que se extenderá a dos jornadas y culminará el viernes 1 de marzo.
Su principal característica fue que los fiscales aislaron el crimen de Mariano de todas las conexiones políticas que conducen a ampliar la investigación hacia los funcionarios de la Secretaría de Transporte, hacia quienes eran los jefes políticos de la Policía Federal y hacia los empresarios de Ugofe, que actualmente monopolizan la administración de todo el transporte ferroviario  metropolitano.
El equipo conducido por María Luz Jalbert  -ampliado por la Procuradora Gils Carbó (que actúa en representación del gobierno) con la designación de dos fiscales ad hoc dos meses después de comenzado el juicio- pasó por alto todas las pruebas acumuladas que involucran al poder político y a los empresarios.
Este abordaje debilita notablemente la acusación contra Pedraza como autor del plan criminal dirigido a aleccionar a los tercerizados, cuyas movilizaciones estaban poniendo en jaque fuertes negociados de la burocracia con Ugofe y el Estado, y el dominio político de ésta en el gremio.
Se trata de un hecho que no puede quedar disimulado por el pedido de perpetua para Pedraza, Fernández, Favale, Sánchez y Díaz que –según anticiparon- formalizarían el viernes. Este retaceo se complementa con el hecho de que los fiscales decidieron desglosar su alegato en dos partes, para referirse a la actuación de la policía en forma separada, sobre la cual mantendrían la acusación por ´abandono de persona´, un reproche que coloca sus responsabilidades en el terreno de la negligencia o la omisión de deberes.
La policía, en realidad –y esto es lo que terminó por develar el juicio-, fue parte activa y fundamental del plan criminal. Sin su deliberada colaboración, éste jamás hubiera podido llevarse a cabo.
Por último, en esta primera jornada, los fiscales solicitaron la absolución de dos de los patoteros acusados que se encontraban detenidos, Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño, quienes fueron liberados inmediatamente, al final de la audiencia, entre aplausos de los coimputados, sus abogados defensores y un puñado de familiares.
El alegato de la fiscalía
La exposición de los hechos estuvo a cargo de la fiscal Jalbert. Según la fiscal, “entre el 19 y 20 de octubre de 2010, Pedraza ordenó a Fernández que para el 20 de octubre de 2010, convocara a trabajadores de la línea Roca a fin de evitar el corte de vías de los tercerizados. La orden (impedir el corte de vías) se concretó con la muerte y las heridas”.
“Fernández –añadió- ordenó y determinó para que se cumpliera la orden de Pedraza, quedando a cargo los detalles de cómo se haría, y ese plan que se cumplió”.
En realidad, el ´plan criminal´ consistía en ´aleccionar´ a los tercerizados a los tiros, no en impedir el corte de vías. La convocatoria a otros empleados para ´impedir el corte ´ tenía por función  cubrir al grupo de choque del cual formaban parte los patoteros imputados, quienes de ese modo actuarían ´disimulados´ dentro de un grupo más numeroso, en el cual no todos conocían necesariamente lo que Pedraza, Fernández y Díaz tenían previsto hacer.
El relato de Jalbert coincide en buena medida con los argumentos de los defensores: para ellos también, la finalidad de la convocatoria era ´impedir el corte de vías´, infamia en la que se apoyan para presentar la agresión criminal como un acto de ´legítima defensa´ que derivó en ´excesos´ (un muerto y tres heridos de bala).
Los fiscales se refirieron solamente de pasada a la explotación de la ´cooperativa´ Unión del Mercosur, perteneciente a Pedraza y administrada por sus familiares y dirigentes allegados, y al temor de la burocracia a que el pase a planta de los tercerizados pusiera en jaque su dominio político sobre el gremio (“No pueden minimizarse las consecuencias que una renovación de las bases podía traer para ellos”, fue todo lo que dijeron al respecto).
La superficialidad del tratamiento de estos dos aspectos fundamentales deja indemne lo que Antonio Luna llamó, con total desparpajo, ´el sistema´: la alianza tejida por el gobierno con la burocracia sindical y los grupos empresarios que integran Ugofe (Cirigliano, Roggio y Romero) para la administración de los ferrocarriles; la complicidad del Estado con el vaciamiento ferroviario, el papel fundamental de la policía y de los agentes de la empresa en la perpetración de la agresión criminal, y la cadena de responsabilidades penales y políticas derivadas de esta trama.
Los más de 1500 tercerizados estaban distribuidos en una veintena de empresas contratistas, de las cuales gran parte –como se reveló en el juicio- pertenecían a los mismos grupos económicos que integran Ugofe.
Los fiscales señalaron el conocimiento previo que burócratas, empresarios y funcionarios de la Secretaría de Transporte (y policías) tenían de la movilización de los tercerizados a los fines de desacreditar la tesis de la ´autoconvocatoria de los ferroviarios´. Sin embargo, no avanzaron en una conclusión que cae por su propio peso: los intereses en juego, la defensa de la tercerización.
No importaban, por lo tanto, solamente a Pedraza sino también a los empresarios, que permitieron la salida de empleados de los talleres de Escalada, enviaron gerentes a las vías de Avellaneda y emitieron un comunicado posterior al hecho que prácticamente saluda la acción de la patota contra los “partidos políticos hostiles”. La participación empresaria en el ´plan criminal´, por lo tanto, también debe ser investigada. Esto estuvo completamente ausente en el alegato de los fiscales.
Mientras se perpetraba el ataque, la conducción de la UF, los empresarios y los funcionarios de Transporte se encontraban juntos, todos ellos reunidos en el congreso de Latin Rieles. A la hora de describir el marco general de la acción de la patota, la fiscalía deliberadamente pasó por alto la presencia de personeros de la burocracia en puestos clave de la administración ferroviaria (Antonio Luna, Araya, Villafañe, Special, Stafforini, Coria), incluidos aquellos desde los cuales se avalaba el desembolso de fondos públicos que alimentaban el negociado.
Asimismo, las ´escuchas´ revelaron la íntima vinculación que existía (y existe) entre burócratas, empresarios y funcionarios (solidaridades varias, como las de Luna, Tomada y Rial; complicidades como las que revelan las conversaciones con Héctor Messineo o Ricardo Vitali, de Ugofe). Todas las pruebas ventiladas en el juicio, que revelan estas conexiones, fueron ignoradas adrede por los fiscales. Habiendo hecho caso omiso de ellas, sería francamente sorprendente que concluyan su alegato impulsando alguna investigación al respecto.
Por el contrario, prepara el terreno de la impunidad para empresarios y funcionarios, que fueron cómplices del ataque y de muchos otros ilícitos.
En cuanto a las calificaciones penales, los fiscales atribuyeron a Pedraza y Fernández el carácter de “instigadores de homicidio calificado” y a Díaz, Favale y Sánchez, el carácter de “coautores de homicidio calificado”. Esta calificación conduce al pedido de prisión perpetua, ya que el Código Penal es rígido al respecto.
Sin embargo, a Gustavo Alcorcel le reprocharon haber sido “partícipe secundario de homicidio agravado” y a González y Pipitó, haber sido “partícipes de homicidio simple”, colocando a los tres un escalón más abajo en el grado de responsabilidades. En el caso de Sánchez y Uño, como dijimos antes, los fiscales pidieron su absolución.
Uño y Pérez habían sido señalados por un testigo imposible de ser caratulado como parcial (José Sotelo) como quienes retiraron las armas del lugar del hecho, luego de la agresión que culminó con el homicidio de Mariano. Por su parte, Pérez fue además denunciado durante el juicio por los periodistas de C5N como uno de los matones que los redujeron para que evitar que registraran con su cámara el momento del ataque fatal.
Sin embargo, la fiscalía consideró “insuficiente” el testimonio de Sotelo y denunció que las amenazas a los periodistas de C5N “no habían sido parte de la requisitoria de elevación a juicio contra Pérez”. Dicho esto, los defensores de ambos solicitaron sendas excarcelaciones; la fiscal manifestó que no tenía oposición y el tribunal concedió el pedido en el acto.
En conclusión, los fiscales alegaron la existencia de un ´plan criminal´ para terminar desahuciándolo.
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