Día 60: El alegato del Partido Obrero y la Correpi

El 22 de febrero –coincidente con el primer aniversario de la masacre de Once y el segundo de la detención de José Pedraza- fue el turno de nuestro alegato en el juicio por el crimen de Mariano.

Nuestras abogadas, Claudia Ferrero (Apel) y María del Carmen Verdú (Correpi), distribuyeron su exposición en tres partes. En primer lugar, presentaron un largo y minucioso desarrollo del marco general en el que se produjo el crimen de Mariano, poniendo de relieve todas las conexiones políticas y económicas, la red de complicidades e intereses recíprocos que aun hoy entrelazan a funcionarios, empresarios y burócratas sindicales en el negocio común de la administración del ferrocarril y la tercerización laboral; dentro de ese marco general, también desarrollaron las motivaciones políticas y económicas que José Pedraza y la burocracia de la UF tenían para acabar con el movimiento de lucha de los tercerizados. En segundo término, Ferrero y Verdú expusieron cómo sucedieron los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010 en Barracas y la participación criminal que tuvo en ellos cada uno de los imputados. Por último, las abogadas solicitaron la máxima pena que nuestra querella estaba jurídicamente habilitada para pedir -25 años de prisión, más accesorias y costas- para los 17 acusados. A lo largo de las casi siete horas que insumió el alegato, ambas señalaron reiteradas veces nuestro completo apoyo a la solicitud de la otra querella, que representa jurídicamente a la familia de Mariano, de prisión perpetua para Pedraza, Fernández y los jefes del operativo policial, entre otros. Además, solicitaron la apertura de nuevas investigaciones para determinar las responsabilidades por participación o encubrimiento de los funcionarios Juan Pablo Schiavi, Antonio Luna y Aníbal Fernández, entre otros; de los empresarios y gerentes  de Ugofe y de otros miembros de la lista Verde de José Pedraza y de la policía.

En la sala, estuvieron presentes Elsa Rodríguez y Beatriz, la mamá de Mariano, acompañadas de un público numeroso –dirigentes del Partido Obrero y otras fuerzas de izquierda, militantes y amigos de Mariano, dirigentes sindicales y de derechos humanos. En las puertas de tribunal, una multitud seguía atenta el alegato por altoparlantes que transmitían lo que ocurría en la sala. Otros miles, en puntos remotos de todo el país, hacían lo propio a través de internet y de las redes sociales.

“Un crimen político contra la clase obrera”

El primer tramo del alegato estuvo a cargo de Claudia Ferrero. Introdujo su exposición señalando la enorme conmoción política y social que produjo el crimen de Mariano.

“El asesinato de Mariano sacó a la superficie el carácter criminal de la burocracia sindical y su transformación en una casta empresarial que prospera mediante la explotación de los trabajadores de su propio gremio y puso asimismo al descubierto la trama mafiosa del armado del manejo en el transporte ferroviario, de parte de funcionarios, empresarios y sindicalistas. Hoy, 22 de febrero, en el primer aniversario de la Masacre de Once, no podemos dejar de señalar que detrás de la agresión criminal cometida en Barracas el 20 de octubre del 2010 y las 51 muertes ocurridas en el ferrocarril Sarmiento, se advierten los mismos actores, la misma codicia y la misma impunidad”. De entrada, Ferrero dejó asentado que tanto ella como Verdú, “estamos mandatadas para expresar, en nuestra voz, el colectivo militante al que pertenecen los heridos y pertenecía Mariano Ferreyra” y denunció el hecho de que el Partido Obrero no fuera aceptado como querellante en la causa.

Inmediatamente, Ferrero pasó a exponer minuciosamente el proceso de integración de la burocracia a la administración del ferrocarril. “Desde la misma tarde del 20 de octubre, en la conferencia de prensa que realizaron en Callao y Corrientes, los compañeros de Mariano Ferreyra, Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre denunciaron que este crimen se había efectuado ´para defender un negocio´. Ese negocio fue construido a lo largo de los años, conjuntamente con el avance de la privatización y concesión de los distintos estamentos del sistema ferroviario, de manera tal que los dirigentes de la Unión Ferroviaria fueron mutando de representantes gremiales en empresarios partícipes de la ganancia que arrojaba la explotación de los trabajadores ferroviarios y la apropiación de fondos públicos”. Ese proceso comenzó con la privatización del ferrocarril en tiempos de Menem y la adjudicación del Belgrano Cargas a Pedraza. En el Belgrano Cargas, Pedraza colocó a su esposa al frente del directorio y también a Ángel Stafforini, contador de la UF, actualmente procesado en la ´causa de las coimas´.

“La integración de la burocracia a la administración ferroviaria tuvo un salto cualitativo en 2008, cuando se crearon Sof SE y Adif SE. Al frente de esas empresas estatales, fueron designados representantes de la Unión Ferroviaria y de La Fraternidad”.

“En el caso de Sof SE, fue designado Juan Araya, el abogado de la UF que conocimos por las escuchas, organizando la defensa de la patota. Araya no es simplemente un abogado, como plantean las defensas, sino una pieza clave de la gestión ferroviaria y de este entramado”. Ferrero también se refirió a la designación de Antonio Luna, proveniente de La Fraternidad –hoy procesado por la masacre de Once-, al frente de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario como otra pieza clave de esa integración. Ferrero también explicó –entre otros varios ilícitos que salieron a la luz en el curso de la instrucción y del juicio oral- el mecanismo fraudulento de contratación de las tercerizadas por medio de ´licitaciones privadas´ truchas, que eran el coto cerrado de funcionarios, empresarios y burócratas para embolsar un porcentaje todavía mayor de los subsidios estatales, amén de los que Ugofe recibía por el gerenciamiento de la línea Roca y el desvío ilegal de fondos destinados al pago de salarios. La ´cooperativa´ Unión del Mercosur –a través de la cual Pedraza, sus familiares y dirigentes más allegados explotaban a más de un centenar de obreros tercerizados- mereció, como era de esperarse, un capítulo aparte.

En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios, el alegato de Ferrero puso el dedo en la llaga al referirse particularmente Aníbal Fernández, quien al momento del crimen de Mariano ocupaba la jefatura del gabinete de ministros, pero retenía entre sus funciones el mando político de la policía. Ferrero se basó en prueba producida en el juicio; en particular, en la declaración del subcomisario Echavarría, de la DGO, quien afirmó que la policía recibe ´órdenes políticas específicas´ ante cada manifestación pública -algo que, por otra parte, cualquier militante sabe por experiencia propia. Fernández fue el primer funcionario en referirse al crimen de Mariano y lo hizo, antes que nada, para felicitar a la policía y encubrir su complicidad con los agresores. “La policía hizo lo que tenía que hacer”,  citó Ferrero a Fernández.

Por último, la abogada de Apel incursionó en las motivaciones políticas que condujeron a Pedraza y Fernández a perpetrar el ataque criminal. “Pedraza y Fernández estaban convencidos de que el ingreso de los tercerizados cuestionaría su hegemonía en el gremio. En sus cabezas, se representaban que su pase a planta permanente desataría procesos similares a los del subte o el gremio de la construcción, es decir, al desarrollo de sindicatos alternativos. Esto lo explica claramente Fernández en una de las ´escuchas´ telefónicas. Pedraza –también en una ´escucha´- refiere que el pase a planta daría lugar al ingreso de 150 cuadros del Partido Obrero al ferrocarril. Esto era lo que tenían en mente, lo que ellos se prefiguraban”. Ferrero destacó que el dominio de Pedraza sobre el gremio se basaba, no en el mandato de los trabajadores, sino en la coerción, en estatutos-cárcel que no admiten representación de minorías ni elección de delegados por sector, en el apoyo que le brindaban desde la empresa y el Estado y en el monopolio de los ingresos a los puestos de planta en el ferrocarril.

“Hemos escuchado los diálogos de Pedraza con Tomada y otros funcionarios de la cartera de Trabajo que revelan una relación estrecha. Los estatutos que le garantizan a Pedraza su inamovilidad el gremio los homologa el Ministerio de Trabajo. También escuchamos a Héctor Messineo, gerente de recursos humanos de Ugofe, jactarse ante Fernández de haber promovido el despido de los dos principales dirigentes de la oposición a Pedraza en el Roca”.

“La ‘bolsa de trabajo’ de la UF no servía para el ingreso de familiares de los ferroviarios sino de adictos a Pedraza y matones. El 6 de septiembre, en Constitución, estuvieron Favale y varios de los imputados. Fue la misma metodología que apicarían el 20 de octubre, apenas a escala menor”.

“La UF, Ugofe y el Estado son los tres pilares del plan criminal concluyó en el crimen de Mariano Ferreyra y las graves heridas que sufrieron Elsa, Nelson y otros manifestantes, porque los tres comían de la misma torta del negocio. Ese plan criminal estaba dirigido a preservar el negocio de la hiperexplotación de los trabajadores a través de la tercerización laboral y la supremacía política de Pedraza en el gremio. El involucramiento de burocracia, empresarios, funcionarios y policías convierten a este crimen en un crimen de Estado”, concluyó Ferrero en el primer tramo del alegato.

Los hechos

María del Carmen Verdú, de Correpi, tomó la posta luego de un breve receso para profundizar en el desarrollo de los hechos. En varios tramos, se apoyó en el brillante trabajo de análisis de la prueba que realizó el Cels, sobre el cual hizo además un aporte enorme, especialmente en el tramo referido a la participación de la policía.

Verdú se refirió a ´la tercerización de la represión´, como un método recurrente desde 2003 a esta parte, a la que definió como el recurso a las patotas de la burocracia sindical para suplir el concurso de las fuerzas de seguridad del Estado, “lo que le permite al gobierno nacional mantener la fachada de ‘no represor de la protesta social’”, y lo ilustró con numerosos ejemplos.

Para exponer los hechos, Verdú tomó como base los testimonios de los testigos “que nada tenían que ver con los tercerizados ni con la patota”. De ese modo, volvieron a sonar en la sala las voces del albañil Esteche, del psicólogo Sotelo, de los choferes de Chevallier, del gerente de Mapra, del policía Ortigoza y de los periodistas de C5N.

En primer lugar, Verdú refutó la versión de la ´autoconvocatoria´, esgrimida por las defensas de Pedraza y la patota. Señaló que desde veinticuatro horas antes estaba en el candelero qué acciones iba a tomar el sindicato, como reflejan las consultas triangulares entre Pedraza, Fernández y Schiavi captadas en las ´escuchas´. “El reconocimiento del conocimiento previo que tenían Pedraza y Schiavi de la movilización de los tercerizados, torna pueril la historia de la ‘autoconvocatoria’”, dijo Verdú. Señaló que el ´contrapiquete´ no fue otra cosa que “una cortina de humo” para camuflar la acción de un grupo de choque pertrechado con armas de fuego. “Esta jugada estaba en pleno conocimiento de quienes ocupaban despachos oficiales”.

“El ataque fue cometido deliberadamente en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando los manifestantes se retiraban. Si no lo hicieron antes, después de la primera agresión a piedrazos, fue porque esperaban la llegada de al menos dos de los tiradores”.

Al referirse a la participación de cada uno de los imputados, Verdú señaló que “no es que cada uno fue autor de una parte sino coautor del todo”, y especificó cuáles fueron esos roles: “Pedraza y Fernandez fueron ´los hombres detrás del escritorio´, los instigadores. Pablo Díaz fue el principal reclutador y quien dirigió el ataque en el lugar de los hechos. Por su parte, Gustavo Alcorcel secundaba a Díaz y estuvo a cargo de coordinar la llegada de Favale. González y Pipitó fueron quienes se ocuparon de remover el obstáculo que representaba la cámara de los periodistas de C5N. Favale y Sanchez, y otros que todavía no fueron identificados, ejecutaron los disparos. Finalmente, Perez y Uño fueron los encargados de retirar las armas del lugar”. Culminó este tramo de su intervención señalando que las responsabilidades no se agotan en los 17 imputados que están sentados en el banquillo de los acusados en este juicio. “Lo hemos dicho reiteradas veces a lo largo de estas 60 audiencias: ´son todos los que están, pero no están todos los que son´”.

Luego, Verdú pasó a referirse al papel de la policía, y fue sencillamente demoledor. Los policías Lompizano y Garay tomaban nota como si estuvieran asistiendo a una clase magistral. Verdú comenzó aclarando la discrepancia de nuestra querella con la acusación elevada por la fiscal de instrucción, que reprocha a los policías por ´abandono de persona´, un delito de menor pena, que coloca a la participación policial en el terreno de la omisión de deberes o la negligencia. Nosotros los acusamos de haber sido partícipes activos en el plan criminal.

Verdú comenzó este tramo del alegato retomando los dichos de Echavarría, sobre las órdenes políticas recibidas por la Federal -una presa que nuestra querella no soltó en ningún momento del juicio. “La policía tenía conocimiento de la existencia de dos grupos desde las 10:16hs; sabían incluso, que la patota esperaba un grupo que estaba viajando desde Varela hacia Barracas. Cuando la patota descendía del puente, Mansilla informaba que los patoteros bajaban ´sin represalia´ y la Dirección General de Operaciones daba la orden de ´replegar´; los patrulleros se apartaron para dar paso a la patota; el camarógrafo Villalba dejaba de filmar exactamente los cuatro minutos que duró el ataque (¿cuánta batería pensaba ahorrar Villalba-que fue lo que dijo en su descargo- apagando la cámara durante cuatro minutos?). La única explicación que no ofende la inteligencia es que la policía tuvo la orden de acompañar el plan criminal. Si después de la agresión, no hubo detenidos ni secuestro de armas, fue porque tenían orden de permitir la fuga de la patota y cubrir su retirada de los manifestantes”. Verdú también se refirió a los policías de Florencio Varela, quienes demoraron un auto –que circulaba en abierta infracción a toda norma de tránsito- en el que se trasladaba una parte del grupo de choque. Lo dejaron continuar su camino a pedido de… ¡Favale!

Verdú desmenuzó cada una de las modulaciones policiales, revelando a través de ellas la activa participación de la Federal en el plan criminal, y estableció de manera contundente la participación de cada uno de los imputados.

“El deber de Villalba era filmar cualquier incidente. No es excusa que se viera ´borroso´. Su deber era acercarse todo lo que pudiera y filmar los hechos. Él fue parte del plan”.

“Desde la DGO, Lompizano, Echavarría y Conti dieron órdenes precisas para la participación de la policía en el plan criminal. Por su parte, Garay tenía un puesto de observación privilegiado de ambos extremos de la calle Luján. Incluso, tenía comunicación directa con Ortigoza, que estaba junto a los manifestantes y le informaba paso a paso. Sus patrulleros le abrieron paso a la patota, dejó pasar las armas, dejó pasar a la patota y luego les cerró el paso a los manifestantes. Garay tuvo una participación muy importante para que fuera posible el ataque. Por último, Mansilla y Ferreyra tuvieron un rol determinante. Eran los máximos jefes de la policía presentes en el lugar. Permanecieron todo el tiempo junto a la patota y se retiraron con ella; incluso toleraron que Pablo Díaz brindara una entrevista bajo sus propias narices. Mansilla y Ferreyra fueron partícipes necesarios del plan criminal”.

Verdú cerró su intervención agradeciendo al Partido Obrero su generosidad por compartir la representación de las querellas de Elsa y Nelson y reivindicando la lucha de los explotados. Fue un final vibrante.

Pedidos de condena

Nuestra querella solicitó para los 17 imputados la pena máxima que les cabe por la coautoría del delito de tentativa de homicidio agravada, que asciende a 25 años de prisión. Aclaramos nuevamente, a la hora de solicitar las condenas, nuestra consideración de que es “la prisión perpetua la condena que debería caberles a los acusados por la muerte de Mariano Ferreyra”, aunque no estuviéramos jurídicamente legitimados para hacerlo. Asimismo, solicitamos que se investigue la participación en el plan criminal de los funcionarios Antonio Luna, Aníbal Fernández y Juan Pablo Schiavi; de los empresarios y directivos de UGOFE Claudio Cirigliano, Benito Roggio y Benjamín Romero; de los integrantes de la Unión Ferroviaria y Ugofe Karina Benemérito, Pablo Oscar Diaz, Adrián Grisi, Norberto José Cots, Héctor Hourcade, Aldo Amuchástegui, Alberto Carnovale, Mario Giusti, Lucas Lescano, Marcelo Hernandorena y Horacio Vitali; y de los miembros de la Policía Federal Argentina, comisarios Dardo Catalán, Angel Humberto Ponce y Marcos Broussón. Por último, denunciamos por falso testimonio a siete testigos de la patota –entre ellos, uno de los peritos balísticos presentados por la defensa.

Últimas palabras

Las últimas palabras, a cargo de Claudia Ferrero, fueron: “Lo que nos impulsa en nuestra consideración de que la pena correcta es la perpetua no está inspirada en un deseo de venganza, sino en la necesidad social de que se termine la impunidad para con la violencia de las patotas amparadas en el Estado, con la explotación de los trabajadores y la codicia de empresarios, sindicalistas y funcionarios que se cobran vidas. Nos anima una finalidad social, no individual. Si no fuera así, no estaríamos honrando la memoria de Mariano Ferreyra.

Al terminar la audiencia, el público estaba emocionado, mientras que entre los acusados y sus abogados, el clima era de velorio. En una semana, sufrieron dos alegatos demoledores contra ellos.

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