Día 26: El “simple” guardatrenes y la excelsa viajera.

-¿Cómo es que un simple guardatrenes va a saber todo eso?

La exclamación de fastidio de Alejandro Freeland no sorprendió. Desde el inicio del juicio se busca probar tres cosas: la autoría material del crimen de Mariano Ferreyra y el ataque por parte de la patota, la complicidad policial y la motivación del crimen, es decir, sus instigadores y el objetivo perseguido. Por eso, ante la minuciosa explicación de Jorge Hospital –dirigente de Causa Ferroviaria, militante del PO y guardatrenes de Lavallol desde el año 2000- sobre el funcionamiento de las tercerizaciones en la UGOFE y su aprovechamiento por parte de la Unión Ferroviaria, el abogado no tuvo más remedio que ensayar un fastidio. Una pantomima.

-¿Qué significa pasar de tercerizado a empleado de planta? –quiso saber el fiscal Carlos Gamallo.

Hospital hizo una pausa, busco serenarse para explicar las cosas con claridad y lanzó la explicación más elocuente que se haya oído en lo que va del juicio:

-Pasar de tercerizado a planta es un cambio radical. Significa un cambio radical en las condiciones de trabajo. Se duplica el salario y se mejoran esas condiciones, desde la ropa obtenida y el uniforme hasta la estabilidad laboral. Porque a los tercerizados se los contrata y despide varias veces según las épocas de trabajo. Ese fue el primer motor para que se organizaran. Eso y la posibilidad de tener una carrera ferroviaria, un progreso en la empresa.

-¿Y por qué los tercerizan? –buscó los motivos Gamallo.

-Por dos fines –añadió Hospital remarcando el dos- abaratar mano de obra, ya que el salario es en otro escalafón y convenio, y para quebrar la unidad de los obreros, que están en diferentes condiciones y no se unen en un reclamo común.

La respuesta rebotó en el recinto y se hizo eco en los presentes, que minutos antes habían podido oír al primer testigo, el ex tercerizado de la empresa Aumont y hoy efectivo del Roca, Hugo Recalde, que explicó que en 5 años de tercerizado había sido despedido y recontratado dos veces, y que ahora como efectivo de planta cobraba tres veces más por exactamente la misma tarea.

Freeland intentó reventar la pelota como un líbero desesperado: “Me parece improcedente que un simple guardatrenes sepa sobre estas cosas”.

Un simple guardatrenes, repitió buscando desacreditar al testigo.

Pero Hospital no se amedrentó y prosiguió, con calma, explicando la forma en que la UF estaba relacionada a las tercerizadas debido a que dirigía una de ellas –la Cooperativa Unión del Mercosur- y que los propios dueños de UGOFE –Grupo Roggio y Romero, por ejemplo- también tenían sus empresas tercerizadas contratadas por UGOFE-y por las que recibían dinero estatal-.

Ante la muestra de conocimiento del testigo, la defensa –encabezada por Freeland-, quiso confundirlo con preguntas acerca del funcionamiento electoral y los estatutos del sindicato. Sin embargo, las respuestas los dejaron sin aliento.

Entre otras cosas, Hospital denunció que días antes del asesinato de Mariano fue amenazado por un grupo de seis patoteros de la UF –entre quienes nombró a Alcorcel, Amuchastegui y Suarez, todos presentes luego el 20 de octubre en Barracas- que le impidió repartir volantes, en el taller de Remedios de Escalada. También contó –según le confiaron algunos compañeros- que Gabriel “Payaso” Sánchez solía hacer “ostentación” de un arma en Constitución, e incluso amenazó a un compañero tras perder un partido de metegol.

Luego explicó que la UF desalentaba las luchas de los tercerizados agitando a los de planta permanente con consignas tales como: “Si entran ellos no entran tus hijos”. Y completó el panorama de cómo regulaban los ingresos y afiliaciones para asegurarse el predominio absoluto en el sindicato –lo que les permite digitar el estatuto y las maniobras electorales a su antojo-.

“La UF era prácticamente la oficina de personal”, dijo.

-¿Y cuando ustedes reclamaban en UGOFE por el ingresos de sus hijos o de alguien qué les decían? -preguntó el fiscal.

-Que habláramos con la dirección del sindicato. Que fuéramos a ver a Pablo Díaz, Juan Carlos Fernández o a Karina Benemérito, secretaria de Relaciones Internacionales de la UF.

Los dos primeros miraban a Hospital desde el banquillo. La tercera en discordia esperaba a pocos metros, para comparecer como testigo.

Para el final quedó una perla, que abrió un nuevo eje en el juicio: ante la muestra de fotografías tomadas por el fotógrafo de Clarín Gerardo Dell Oro a la patota en su retirada por las vías tras el ataque, Hospital reconoció a más de 6 personas con nombre y apellido. No solo a los ya mencionados Díaz, Pipitó o Alcorcel, sino que apuntó además a dos nombres novedosos: Aberto Carnevale –delegado de la UF que sería apuntado luego por Benemérito como quien estuvo con ella “todo el día” en el congreso Latin Rieles aquél 20 de octubre-; y Héctor Hourcade, jefe del departamento de Transporte del Roca. Es decir, quedó evidenciado que la empresa UGOFE no solo licenció a más de 120 trabajadores para que acudieran a conformar la patota criminal, sino que un gerente de la empresa estuvo allí al pie del cañón.

“Los nuestros”, dijo la excelsa viajera

La tercera declaración fue la de Karina Benemérito, secretaria de Relaciones Internacionales de la UF, que no pudo explicar sus funciones más allá de reiterados viajes al exterior. Sí aseguró que aun habiendo dejado de ser parte de la Comisión de Reclamos –en la que compartía espacio con Pablo Díaz, entre otros- seguía cumpliendo esa función con “los compañeros”.

La funcionaria gremial tuvo una declaración tormentosa, puesto que tuvo sucesivas contradicciones y vaivenes. Pero lo más llamativo fue que, por primera vez en los dos meses que lleva el juicio, la estrategia de las defensas pareció abrir una grieta entre los imputados.

Lo primero que dejó en claro Benemérito es que ella respondía a Fernández y Díaz, y que nada se hacía sin su opinión. Luego, ante las preguntas de la fiscalía y la querella, relató que aquél 20 de octubre acudió todo el día –al menos hasta las 16- al congreso de Latin Rieles que se llevó a cabo en la sede de la UF. Allí –dijo- estuvo acompañada por la compañera Patricia Carabajal, el compañero José Pedraza, el compañero Juan Carlos Fernández y el compañero Alberto Carnevale. Todos compañeros, según expresaba.

Luego aseguró que supo de los “incidentes” por los medios, que así también supo de la muerte de Mariano Ferreyra y que ella solo recibió llamadas de Daniel González –uno de los imputados-.

-“Gonzalito” era el que me llamaba a mí –dijo.

En tono algo despectivo y por demás canchero, rescató a sus “compañeros”, a la labor de consulta que realizaban y remarcó que algunos otros compañeros llamaban para consultar lo que estaba ocurriendo en Barracas.

-Escuchábamos y preguntábamos qué ocurría, dudo que pudieran tomarse medidas desde ahí -dijo ante las dudas de la fiscal.

-¿Pero recuerda que hicieron?

-No, madre, no recuerdo –lanzó sin tapujos.

Pero el tono cómodo se desvaneció rápidamente cuando empezaron a evidenciarse las primeras contradicciones de Benemérito. Ante la consulta de con quiénes había hablado sobre el tema –presencial o telefónicamente-, dijo que con Fernández, Carabajal, Díaz y González. Pero que no recordaba el contenido de las charlas. Ya no les decía compañeros.

Luego, ante la aclaración de la fiscal –que le explicó que había intercambiado 64 llamadas con Díaz, 26 con Alcorcel, 12 con Giunti, entre otras- se puso nerviosa, dudó, dijo que hablaban todos los días sobre lo ocurrido, recordó charlas precisas con Díaz, dijo que no recordaba otras, y dejó en claro su posición ante el juicio:

-Hablé con Gonzalito porque me dijo que había dos heridos de los nuestros.

La expresión “los nuestros” no sorprendía. Pocos minutos antes había quedado evidenciado que el testimonio de Benemérito estaba plagado por su pertenencia a la UF y su relación con los imputados y sus intenciones. Ante la pregunta de Claudia Ferrero –abogada de la querella- sobre si ella estaba al tanto sobre las solicitadas que saca la Unión Ferroviaria y si las aprueba, dijo que sí por su cargo en el secretariado nacional. Y ante la pregunta de si ella aprobó la solicitada que saliera en el diario La Nación dos días antes del inicio de este juicio –en la que la UF proclamaba la lucha irrenunciable para exigir la libertad de sus compañeros detenidos más allá de lo que se les endilgue-, también dijo que sí.

Sin embargo, en su rol de secretaria de la UF, Freeland estimó que era “especialmente calificada” para responder sobre los mismos temas que “un simple guardatrenes” no. Y preguntó, en detalle, acerca de cómo funcionaba la cooperativa Unión del Mercosur y “todo lo que la UF hacía por los tercerizados” –según sus propias palabras-. Allí Benemérito se despachó a gusto, y dijo que la cooperativa cumplía la función de garantizar empleo a quienes no tenían por culpa de los ’90 –proceso en el cual la UF permitió el desmantelamiento de la planta permanente- y que habían hecho muchas medidas para que fueran incorporados a planta. Luego dijo no recordar las actas que Freeland le mencionaba, pero que eran las correctas. Por supuesto, si no las recordaba era imposible que supiera de qué se hablaba, por lo que el tribunal se lo hizo notar. La querella, a su vez, demostró que ningún acta mencionaba el ingreso a planta permanente, sino que hablaban de equiparaciones salariales y que, por otra parte, eran de fechas posteriores a 2006.

Luego Benemérito admitió que la Cooperativa Unión del Mercosur pertenece a la UF –y es dirigida por un miembro del secretariado nacional, Raúl Castellano- pero dijo que Pedraza y Fernández no tenían relación con ella. Todo ello sin sonrojarse –aunque nerviosa- y aun cuando es de público conocimiento que familiares de ambos formaban parte de la administración de dicha “cooperativa”.

Inmediatamente luego de que Benemérito favoreciera a Fernández –defendido de Freeland- con su declaración sobre la cooperativa y advirtiendo que era ella quien tenía los teléfonos del mismo durante el congreso –aquél 20 de octubre de 2010-, el abogado defensor la arrinconó en su relato, dejando al descubierto que, si sostenía su declaración, daría a entender que era ella era la que realizó los llamados y comunicaciones con Pablo Díaz –el señalado como organizador del ataque criminal en Barracas-.

Luego, con los nervios destrozados, se desdijo sugestivamente en reiteradas ocasiones acerca de si los teléfonos los tenía, los devolvía a su dueño o volvía a tenerlos ella, y sobre el contenido de las charlas, así como del grado de conocimiento que tenían en el congreso sobre lo acontecido en Barracas. Contrario a lo sospechado, la testigo no se desligó para inculpar a los imputados, sino que intentó sostener una línea indefendible, según la cual ella no tenía responsabilidades, Fernández tampoco y las llamadas eran de un tenor incrédulo para saber “cómo estaba todo”. De todas formas, la actitud de Freeland mostró por primera vez una ruptura en la defensa, que podría llevar a que los “compañeros” de la UF ya no puedan defenderse todos juntos.

Pero no serían las últimas contradicciones de Benemérito, que luego debió comparecer sobre las contradicciones que le señaló la querella. Una acerca de cómo supo de la muerte de Ferreyra, a lo cuál debió admitir que fue un directivo del congreso –Sergio Rojas- quien anunció a todos la suspensión del congreso por la muerte. Cómo fuera, la memoria y desmemoria de la testigo solo reactivó la sensación de que, a la hora de los alegatos, pueden ser varias personas más las que queden imputadas por su participación en los negociados y manejos corruptos de la UGOFE y la UF.

UGOFE y UF: dos caras de un negocio.

Luego declararon Gustavo Zeni Jaunsarás, gerente de contratos privados de Ugofe y María Cerisola, empleada de contaduría desde 1977. Sus testimonios completaron una jornada oscura para los imputados, pero renovadora para el proceso que se lleva a cabo, puesto que en un solo día se alcanzó a escuchar en forma detallada las tres patas que ocupan la causa: el beneficio económico de UGOFE y UF con la tercerización, la forma en que se manejaba la empresa a pedido del sindicato y el ataque criminal cometido.

Por su parte, Zeni declaró que era él –puesto que dejó el cargo hace un mes- quien se encargaba de contratar a las tercerizadas por medio de una licitación por lo menos confusa. Explicó, ante los reiterados pedidos de aclaración, un mecanismo que involucraba una licitación abierta en la que él elegía a los que resultaran idóneos para la tarea precisada y de entre ellos a un ganador elegido por precio. Luego, para sorpresa de propios y extraños, dijo que era “uso y costumbre” no dar todo el ingreso a una sola empresa y que todas eran llamadas a participar siempre y cuando bajaran el costo al mismo valor. Luego, al referirse sobre dicho valor –en el caso de la última factura aprobada para Unión del Mercosur por el período julio-diciembre 2010 figuraban 7,5 millones de pesos- dijo livianamente que se establecían valores “de mercado”. Es decir, según los que UGOFE pagaba en sus otras concesiones.

El mecanismo, por demás confuso y sugestivo, era rubricado por él y un directivo de la tercerizada. En caso de la Cooperativa del Mercosur se trataba del señalado Castellano, aunque Zeni negó que supiera acerca de su pertenencia a la UF. Para el final explicó que los ingresos de UGOFE eran 100% suma del subsidio estatal y las tarifas, que de eso se quedaban con un fee del 6% y que año a año se elevaban los subsidios –“siempre que mostráramos el aumento de costos”-. A pesar de su función, dijo no recordar los montos que recibían del Estado ni los que se abonaban a las tercerizadas, que sumaban 2500 empleados de un total de 7000. Es decir, casi el 40% de los trabajadores

A su turno, la asistente de contaduría -que respondía al contador del sindicato Angel Stafforini, imputado en la causa del intento de coimas al tribunal de este juicio- explicó que las únicas firmas autorizadas para manejar la cuenta de la UF –desde la que salió ese dinero para la presunta coima- eran las de Pedraza, Fernández y el secretario de Finanzas, Matarazzo. De esta forma, parece dar por tierra con las presunciones de Benemérito, ya que parece imposible que los firmantes y quienes manejaban las cuentas no supieran de los ingresos provenientes –o el funcionamiento- de la cooperativa tercerizadora que regenteaban.

La jornada se completó con dos viscerales testimonios de compañeros presentes en la movilización del día en que asesinaron a Mariano, dando así una circularidad perfecta de los hechos. Despejando dudas y mostrando con suma claridad la relación de cada una de las partes analizadas en la jornada.

Lucía Alasraki, compañera del PO Lanús aseguró haber oído entre cinco y diez disparos, mientras que José Tejeda, ex tercerizado de Convergencia Socialista, describió a nada menos que tres tiradores. Ambos testimonios, a la vez, dejaron la cuota emotiva.

-La última vez que vi a Mariano era cuando estaba en el cordón de seguridad. Me decía andate andate –dijo Alasraki. Luego escuchó los disparos.

Tejeda vio a los tiradores. A tres de ellos. Y luego, cuando vio caer a Mariano hacia adelante no supo que era él ni qué le pasaba. Lo sostuvo y creyó que tenía un ataque de epilepsia, ya que se había orinado. Luego levantó su remera y vio la herida. Llamó al 911, pero la ambulancia nunca apareció. Supo de su muerte cuando abandonaba el lugar.

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