A UN MES DEL COMIENZO DEL JUICIO: UNA GRAN ACCIÓN POLITICA

Por María Victoria Ponce

A las 9 comenzaba el juicio. Hacía frio. Fue necesario armar fogones y preparar comida caliente. La noche prometía extenderse largas horas. Conversaciones, música y poesías poblaron el ambiente rojo y dulce. La luna derramaba una mixtura rabiosa, un poco triste. Algunos denominaron vigilia a esa congregación de almas insurrectas y cada vez más jóvenes. De alguna manera ese desvelo era una necesidad. La necesidad de esperar despiertos y juntos la mañana helada del 6 agosto. Una mañana que marcaría el final y el comienzo de un recorrido espinoso, minado. La mayoría de los que estaban allí tenían el rostro cansado, aunque se mostraban dispuestos a dar los siguientes pasos.

Artistas, intelectuales, periodistas, estudiantes, trabajadores. El crimen de Mariano Ferreyra, el 20 de octubre de 2010, provocó un estallido social inesperado y la conmoción de decenas de miles de hombres y mujeres que salieron a la calle a exigir  justicia. Y cada vez son más. Los días y meses posteriores al asesinato no se habló se otra cosa. En  los lugares de trabajo y estudio la noticia había llegado para quedarse. A diferencia de otras tantas noticas de otros tantos asesinatos, la muerte temprana de Mariano tenía otra carga. Quizá por ser tan joven. Quizá por morir peleando por algo justo. Quizá por lo organizada y premeditada que fue la emboscada criminal.

En todas las paredes de todas las calles de todos los barrios de todas las ciudades se pintó la cara de Mariano. Mariano de frente, con la mirada clavada en el futuro. Imposible no sentirse interpelado. Mariano con la sonrisa abierta y genial. Mariano  con un megáfono y un periódico. Mariano escribiendo poesías. Mariano tocando la guitarra. Mariano con sus gestos cotidianos. Mariano vivo, porfiadamente.

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El juicio oral y público comenzó con los autores materiales y parte de los autores intelectuales presos. Para lograr la prisión preventiva de la cúpula de la Unión Ferroviaria fue necesario enfrentar muchos obstáculos, tocar todas las puertas de todos los ministerios, recorrer todos los caminos y todas las estaciones. Reunirse en cada esquina, en cada barrio. Hacer cortes y huelgas. Hasta que en febrero de 2011 José Pedraza, jefe de la UF, fue detenido en su departamento de un millón de dólares en Puerto Madero.

Sin embargo faltan responsables en el banquillo de los acusados. La empresa UGOFE, concesionaria del ferrocarril Roca, está involucrada en los hechos. El 20 de octubre otorgó 120 licencias gremiales a los que conformarían la patota que atacó a los tercerizados. Por otro lado, Guillermo Antonio Luna, quien fuera subsecretario de Transporte, se comunicaba con José Pedraza el día del asesinato de Mariano a través del segundo de la UF, Juan Carlos “Gallego” Fernández. Luna forma parte  de la burocracia sindical de La Fraternidad, donde tiene el cargo de Secretario de Política Ferroviaria, y esta fuertemente vinculado con Pedraza. Fue hasta el 4 de septiembre de 2012 el encargado de asignar gran parte de los subsidios para las concesiones y tercerizadas desde la función pública. El gobierno lo mantuvo en el cargo pese a su terrible desempeño. Todo indica que pronto Luna será imputado en el juicio que investiga la masacre de Once.

Además, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, los máximos responsables del transporte nacional durante los últimos 10 años, dieron subsidios millonarios a las concesionarias sin ningún tipo de control. Jamás oyeron los reclamos de trabajadores -de convenio y tercerizados- ni de los usuarios.

 

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Finalmente amaneció. El viento del sur estaba frio y débil. Un sol diminuto despertó a los que habían dormido allí. Comenzaron a desarmar sus carpas e improvisar sus desayunos. Aunque la mayoría no había pegado un ojo. Lo que primó durante toda la noche fue la ansiedad, el furor, sentimientos de esos que no dejan dormir. Comenzaron a llegar muchos más hombres y mujeres. Traían su propio insomnio. Pero estaban allí. Firmes. Algo importante se jugaba esa mañana, y todos parecían saberlo. A eso de las 10 am ya eran cuadras de desvelados contra la impunidad.

Adentro, jueces, abogados, fiscales, querellantes. También amigos, compañeros y familiares. Afuera una gran movilización coreaba “Juicio y Castigo”. No solo por Mariano, también por Elsa Rodriguez, por Nelson Aguirre y Ariel Pintos, heridos de bala el día del crimen. También por Carlos Fuentealba, por los Quom, por los ocupantes de Villa Soldati, y por todos aquellos asesinatos por reclamar y protestar.

 

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El juicio deberá probar lo que socialmente ya está demostrado: la connivencia de empresarios, funcionarios del estado y sindicalistas-empresarios en la diagramación de un operativo dirigido para aleccionar a los terciarizados y despedidos que reclamaban pase a planta y reincorporación. Pero no será fácil.

El proceso judicial podrá ser más largo de lo deseado. Así lo quieren los defensores de los asesinos. Intentaran trampear de mil maneras como hasta ahora. Según ellos Mariano estaba armado con una gomera. Aunque parece un chiste malo, fueron muchos los que sostuvieron esa tesis en los medios. Con total cinismo intentan establecer la idea de que se trató de un enfrentamiento entre grupos sindicales y de que los terciarizados y militantes de izquierda provocaron a la patota. Pero no hubo enfrentamiento alguno,  la balacera comenzó cuando los manifestantes se estaban retirando,  e intentaban salir de la zona. La embestida fue por la espalda. Una emboscada hecha y derecha.

 

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Desde el 6 de agosto se han desarrollado más de diez audiencias. Hasta ahora ninguno de los 17 imputados quiso prestar declaración, aunque se reservaron el derecho de hacerlo mas adelante. Por el contrario todos los testigos aportados por la querella han sido contundentes en el relato de los hechos, en el detalle del accionar cómplice de la policía que libero la zona, en la identificación de los miembros de la patota. Llamativamente la declaración de un policía no imputado, el sargento José Alberto Ortigoza, confirmó los testimonios de los compañeros de las víctimas sobre cómo sucedieron los hechos. Describió el ataque con las mismas palabras que los manifestantes y destacó la diferencia de fuerzas entre los dos grupos, porque “el grupo de manifestantes estaba lleno de mujeres, ancianos y chicos y el número de patoteros era considerablemente mayor”.

Otro testigo policía, de apellido Domínguez, reconoció directamente que tuvo la orden de liberar la zona: “Me dijeron que me quedara observando”, admitió.

José Alberto Tocalino, quien en el 2010 trabajaba en la DDI de Quilmes, comprometió a Cristián “Harry” Favale, acusado junto con Gabriel Sánchez de efectuar los disparos.

Ante las preguntas de la querella, Tocalino reconoció que conocía a Favale “desde hace un año” cuando ocurrió el asesinato de Mariano Ferreyra. Que lo había conocido a través de un colega de la comisaría de Varela, un tal Mauricio Vargas Piña. Que hablaron por teléfono seguido a lo largo de ese año. Que lo conocía como Harry, no como Favale. Que sabía que era remisero e hincha de Defensa y Justicia. Que tenía agendado a Favale en su Nextel y que éste lo llamó después de la emboscada de Barracas para solicitarle ayuda “porque había estado en un problema”. Que lo llamó varias veces. Que le pidió que “si sabía algo” le avisara.

Una de las declaraciones más importantes es la que brindo, el 4 de septiembre, Alejandro Benitez. Este trabajaba como guarda de la estación Constitución. El  20 de octubre fue convocado por Pablo Díaz para concurrir al “contrapiquete”. La justicia ordenó protegerlo como testigo y el día de su declaración se prohibió la entrada de público y se montó un importante operativo de seguridad. En su declaración afirmó que vio a Favale efectuar disparos, que Pablo Díaz dio la orden de “sacar los fierros” y de ir tras los manifestantes. A su vez contó que Díaz se comunicaba por teléfono todo el tiempo con el Gallego Fernández, que estaba junto con Pedraza en el local de la UF. Además dijo que Fernández fue el que dio la orden de desconcentrar luego del ataque.

 

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De lo ocurrido hasta ahora, surge claramente que la intención de la defensa de dilatar el dictado de la sentencia. Es que José Pedraza, Gallego Fernández, Pablo Díaz y el resto de los imputados están en prisión preventiva. Según las leyes penales ninguna persona puede estar en prisión preventiva más de dos años. A sabiendas de esto, la defensa busca que se cumplan esos dos años sin sentencia para pedir la excarcelación de Pedraza y el resto de los acusados. Aunque hasta ahora se han denegado todos los pedidos de excarcelación, llegado el caso, podrían dejarlos en libertad si la justicia no dicta sentencia antes de febrero de 2013. Pedraza busca negociar su excarcelación. Tiene para ofrecerle a la CGT kirchnerista todos los porotos que aun le quedan en UF. Pedraza no delira, el propio Tomada le aconsejo por teléfono cómo comportarse dentro del sindicato con los trabajadores influenciados por la izquierda, días antes de la detención. Esta escucha se hizo pública y forma parte de las actuaciones judiciales. La única salida que les queda es demorar el proceso a la espera de esa negociación. Procuran entorpecer el desarrollo del juicio impugnado las declaraciones de los testigos ofrecidos por la querella, solicitado medidas dilatorias, provocado incidentes de todo tipo.

Sin embargo en todo el país se desenvuelve una campaña impresionante. Charlas debate, murales, videos, festivales. La exigencia es clara: JUSTICIA YA POR MARIANO FERREYRA.

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