La connivencia activa de la Policía Federal

Por A. Guerrero

Desde el primer momento, las abogadas Claudia Ferrero (PO) y María del Carmen Verdú (Correpi) rechazaron la acusación de “abandono de persona” formulada contra los policías involucrados en el asesinato de Mariano, y solicitaron que se los juzgara por homicidio simple agravado, puesto que sin su participación el crimen no podría haberse cometido.

Ahora, vistos los videos, la acumulación de pruebas y los testimonios, se advierte que las cosas fueron aún peores de lo que ya se sabía.

No hubo simplemente una “zona liberada” para que la patota actuara. La policía no se limitó a irse y dejar hacer a los criminales. Hubo una intervención activa, con comunicaciones, logística y cobertura a la banda pedracista.

La policía “tomó partido por el sector de la Unión Ferroviaria”, dice incluso la acusación judicial que, no obstante, insiste en acusar sólo por abandono de persona agravado, seguido de muerte.

La primera evidencia de ese tomar partido, activamente, se tiene en el hecho de que un cabo de calle de la Federal, de apellido Maldonado, evidentemente ajeno al acuerdo de sus jefes con los criminales, vio a la patota entrar en jurisdicción de Capital, advirtió sus intenciones y pidió ayuda y refuerzos al comando central. Desde allí le contestaron que se limitara a seguir las órdenes de los oficiales a cargo en el lugar. Esos oficiales eran los comisarios Luis Mansilla, jefe de Control de Líneas de la PFA; y Jorge Ferreyra, jefe de la División Roca de la misma fuerza. En otras palabras: le dijeron a Maldonado que no se entrometiera, que ahí ocurrirían cosas que no eran de su incumbencia.

De inmediato, Mansilla informó a la central que “la gente de la Unión Ferroviaria baja en forma pacífica”, aunque las cámaras de C5N ya registraban que la patota, cuya agresividad era manifiesta y, además, ya había atacado a los manifestantes en Avellaneda (junto con la Bonaerense), llegaba armada, a ojos vista, con barras de hierro. De inmediato, los matones rodearon a los periodistas de C5N para impedirles filmar, cuando los patrulleros ya se habían retirado para que los matones pudieran actuar libremente. El ataque a la cronista del canal y al camarógrafo, explican los abogados de la querella, merece la calificación penal de coacción agravada. La Policía, ausente. En ese momento se produce la liberación de la zona, sin la cual el crimen habría resultado imposible. Pero hubo bastante más.

Responsabilidades políticas

Es útil recordar que, en la misma noche del crimen, el entonces responsable político de la Federal, Aníbal Fernández, dijo que la acción policial había sido “impecable”. Al día siguiente, la Presidenta en persona, en un discurso por la cadena nacional, intentó ella misma encubrir a la Policía al acusar al Partido Obrero porque, según dijo, “piden protección policial los que rompieron una puerta del Ministerio de Educación” (se refería a la toma de ese Ministerio por estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales, que protestaban porque el edificio de esa casa de estudios se caía literalmente a pedazos). Esto es: si rompiste una puerta aguantate que después te maten.

La protección del poder político a los criminales estaba entonces a la vista de todos. Si esa protección debió moderarse o suprimirse fue, simplemente, porque al otro día más de 60 mil personas se reunieron en la Plaza de Mayo para repudiar lo sucedido.

Pero volvamos a la policía.

El agente David Villalba, de la División Exteriores de Video de la Federal, estaba a cargo de filmar todo lo que ocurriera aquella mañana. Pues bien: Villalba dejó de hacerlo precisamente entre las 13.33 y las 13.39, los seis minutos durante los cuales por lo menos cuatro armas fueron disparadas contra los trabajadores tercerizados y sus acompañantes en Barracas.

Los audios de las comunicaciones policiales, que constan en el expediente, comienzan a las 13.08 y terminan a las 14 en punto. Sin embargo, la grabación de video aportada por la policía dura sólo 13 minutos. Está claro que editaron y borraron a mansalva. Además, todo el tiempo los policías se comunicaron por teléfonos POC, que impiden guardar las conversaciones, a pesar de que sus reglamentos los obligan a dejar registradas todas sus comunicaciones.

Por eso está también procesado el comisario Hugo Lompizano (uno de los represores del Indoamericano, digamos al pasar, ascendido por Nilda Garré y pasado a disponibilidad sólo cuando las pruebas contra él se volvieron aplastantes, en mayo de 2011). Lompizano, ese 20 de octubre, estaba a cargo de la sala de operaciones del Departamento Central de Policía, donde funcionan las pantallas en la cuales los altos mandos de la PFA observan, en tiempo real, las operaciones de seguridad desplegadas sobre el terreno.

La complicidad policial no termina en ese punto. Consumado el ataque, y cuando los trabajadores tercerizados intentaron perseguir a sus atacantes, entonces sí apareció la policía y les cerró el camino para proteger la retirada de los criminales.

Los otros policías procesados son el principal Gastón Conti, de la Dirección General de Operaciones, y el subcomisario Rolando Garay, por entonces a cargo de la comisaría 30ª, de Barracas. Después de aquel crimen, ascendido a comisario, Garay quedó al frente de la 33ª, hasta que la movilización popular hizo que también a él le llegara la noche. La movilización popular hizo que la ministra de Seguridad les retirara a todos ellos las defensas institucionales que les había provisto.

Ahora estos policías, como los burócratas acusados, se empecinan en el silencio. Seguramente se trata de una estrategia de emergencia de sus defensores, quienes, razonablemente, deben temer que sus defendidos empiecen a señalarse entre ellos.

En definitiva, en este crimen se observa una confluencia de la burocracia sindical, enriquecida con negociados enormes, hechos con la protección del Estado, el poder político, la policía y la empresa en defensa de la superexplotación extrema que significa la tercerización laboral, de la que todos ellos sacan provecho.

Un crimen de Estado, en definitiva.

 

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